VISTO la Disposición Técnico Registral Nº 1 del 16 de enero de 2002; y
CONSIDERANDO:
Que al momento del dictado de la citada norma, por circunstancias diversas de los agentes del registro de letras hipotecarias escriturales, se hacía dificultosa la emisión de certificados negativos de inscripción de los referidos agentes;
Que la situación precedentemente descripta ha sido superada;
Que además, de la experiencia recogida durante el período en cuestión, resultó que la omisión de la declaración del acreedor en el título de cancelación del gravamen, prescripta en el artículo 1º de la D.T.R. Nº 1 / 02, obligó al otorgamiento de escrituras complementarias de subsanación de la falta referida, con la consecuente complicación y demora en el trámite;
Que en razón de lo expuesto, deben posibilitarse otras variantes que produzcan el mismo efecto jurídico en la cancelación de hipotecas con creación y emisión de letras hipotecarias escriturales, que no llegaron a inscribirse en el registro especial, ni circular como ¨ Letras Hipotecarias;
Por ello en uso de las facultades que le otorga la ley,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL,
DISPONE:
ARTICULO.- 1º En el supuesto descripto en el artículo 1º de la Disposición Técnico Registral Nº 1 del 16 de enero de 2002, además del allí enunciado, también se admitirá la manifestación del autorizante del documento, en el sentido de que tiene a la vista el título de la hipoteca con creación y emisión de letra hipotecaria escritural y que la misma no fue inscripta en el agente de registro. En el mismo sentido, dicha exigencia podrá cumplimentarse acompañando la comunicación del agente de registro en la que conste que la letra, no le fue remitida.-
ARTICULO.- 2º Las distintas circunstancias del artículo primero, deberán surgir del cuerpo del documento traído para su inscripción y consignarse en la minuta universal (Rubro 17).-
ARTICULO.-3º Comuníquese a los Colegios Profesionales interesados con nota de estilo. Hágase saber a la Superioridad y requiérase la publicación en el Boletín Oficial. Intervenga a tales efectos el Departamento Técnico Jurídico y Administrativo.
Comuníquese a los Departamentos de Inscripciones Reales y Publicidad Areas I y II para su aplicación inmediata. Cumplido, Archívese.
Vistas las Disposiciones Técnico Registral 7/2002 y 9/2002; y
Considerando:
Que en ellas se han establecido recaudos de seguridad destinados a la inscripción de documentos de origen judicial, expedidos bajo el régimen de la ley 22.172, -la primera- y a los de la justicia local y nacional -la segunda- en razón, en este último caso- de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar en suspenso el sistema de laminados de seguridad establecidos por las Resoluciones 1449/99 y 255/00;
Que en ambos casos, las normas dictadas tienden a asegurar la autenticidad de la rogación mediante la identificación del peticionante, particularmente en los supuestos de extinción de asientos (levantamiento de cautelas, cancelación de hipotecas, segundos testimonio, inscripción de Derechos Hereditarios y otras considerados de mayor vulnerabilidad);
Que, no obstante, y mientras no se pueda adoptar un sistema de seguridad generalizado y eficiente, es menester cubrir la totalidad del espectro documental, al que no alcanzan las citadas Disposiciones;
Que entre los casos no alcanzados se encuentran los documentos que en el régimen de la ley 22.172 expide la justicia penal, los que carecen de solicitante (art.13 ley 22.172), los que "de oficio" se remiten por correo oficial y, en general los de la justicia nacional o local de instrucción o de sentencia que emite mandatos que llegan sin que un profesional actúe como autorizado.
Que, en consecuencia es necesario adoptar respecto de esos casos recaudos mínimos que razonablemente permitan presumir su autenticidad, aunque no la aseguren de modo completo;
Por ello, en uso de las facultades que le acuerda la ley:
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE
D I S P O N E :
Artículo 1º.- Para la inscripción de documentos de levantamiento de medidas cautelares (personales o reales), o de extinción de asientos, originados en Tribunales o Juzgados Penales provinciales, expedidos bajo el régimen de la ley 22.172; o en Juzgados del fuero penal de la Nación o en supuestos en los cuales "de oficio" donde fueros Civil y Comercial o laboral de la Nación sea que se presenten directamente o por correo, será menester verificar previamente por vía telefónica o personalmente el caso lo amerite y el Jefe correspondiente así lo resuelva en el Juzgado de origen, la existencia en la causa respectiva de la medida decretada. De dicha verificación se dejará constancia en los espacios libres del anverso o del reverso del documento correspondiente consignando el nombre de la persona que suministre el dato.
Artículo 2º.- En el supuesto de que la información que se solicita no fuera suministrada, se hará constar esta circunstancia, devolviendo el documento sin inscribir, y deberá en tal caso ser presentado en la Mesa de Entradas por persona autorizada para el trámite.
Artículo 3º.- Los Jefes de los Departamentos de Inscripciones Reales Areas I y II, y de Sistematización de Datos y Anotaciones Personales, designarán los encargados de efectuar la verificación que prescribe el artículo anterior, pudiendo solicitar la colaboración de los señores relatores.
Artículo 4º.- Hágase saber lo dispuesto a los Tribunales Superiores de Provincia y la Cámara de Casación Penal de la Nación, con nota de estilo, requiriendo su colaboración en razón de las particulares circunstancias que motivan la presente.
Artículo 5º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir de su notificación.
Artículo 6º.- Notifíquese a los Departamentos citados en el artículo 2º y al Departamento Técnico Jurídico y Administrativo. Regístrese. Cúmplase. Archívese.
VISTA la necesidad de ordenar el uso de los formularios correspondientes a solicitudes de certificaciones e informes sobre inhibiciones, cuando sean peticionadas por escribanos públicos, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 23 de la ley 17.801 se impone a los escribanos públicos, para autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, contar con certificación expedida al efecto, es decir para el acto a que se destina, en la que se consigne el estado jurídico de las personas (registro de anotaciones personales-inhibiciones- ) para disponer de los bienes.
Que cuando los escribanos públicos requieren informe sobre el estado jurídico de las personas para disponer de sus bienes, en supuestos no comprendidos en el párrafo anterior, evidentemente la petición se efectúa en los términos del artículo 27 de la ley 17.801.
Que la Disposición 189/01, puesta en vigencia por la Orden de Servicio Nº 40 del 12 de junio de 2002, determina que todo certificado que se solicite sobre la situación jurídica de las personas abonará la tasa establecida por cada persona sobre la que se solicite certificación, sustentándose en el principio legal de contraprestación por cada servicio que se solicite, que, por otra parte, es el criterio que se aplica cuando se trata de los informes artículo 27 ley 17.801.
Que por la Disposición 162/92 se fijaron los valores de las contribuciones especiales de los escribanos públicos para las categorías alternativas de despacho de certificaciones e informes del servicio registral.
Que precisamente, atendiendo a las diferencias de cada una de esas especies de servicios, ya que no es igual una certificación para un acto notarial que un mero informe, los formularios destinados a solicitar certificaciones sobre la existencia de inhibiciones posibilitan la inclusión en uno solo de ellos de peticiones por varias personas, no estando previsto ese modo cuando son simples informes.
Que, además, se ha observado, con demasiada frecuencia la utilización de formularios de certificaciones por parte de escribanos públicos para requerir informes, lo que se contradice con lo expuesto precedentemente.
Que la cuestión asimismo ha sido tratada con la Comisión Ley 17.050, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la ley
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
CAPITAL FEDERAL
DISPONE:
ARTICULO -1º.- Toda vez que los escribanos públicos requieran la certificación sobre el estado jurídico de las personas para disponer de sus bienes, prevista en el artículo 23 de la ley 17.801, deberán identificar, en el formulario rogatorio del trámite, con precisión el dominio del inmueble y el acto que autorizarán; en caso de cesión de acciones y derechos hereditarios bastará esa indicación.
ARTICULO -2º.- Se entenderá que la rogación de publicidad suscripta por notario es formulada con el alcance del artículo 27 de la ley 17.801, cuando no conste en la solicitud identificación del dominio del inmueble y del acto respectivo, debiéndose en consecuencia, en esos casos, oblar la tasa del servicio de informes y presentarla en el formulario que corresponde a ese tipo de peticiones, a los efectos de su correcto tratamiento arancelario.
ARTICULO -3º.-Notifíquese a los Departamentos Técnico Jurídico y Administrativo y de Sistematización de Datos y Anotaciones Personales. Hágase saber al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Elévese a la Secretaría de Justicia. Regístrese. Archívese.
VISTO:
La Disposición Técnico Registral Nº3/98 que establece el intercambio de despacho de informes referidos tanto a inmuebles como a personas entre este Registro y la que fuera “Delegación Río Grande” en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
CONSIDERANDO:
Que por Convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con fecha 18 de febrero de 2003, complementado con el Acta de fecha 28 de febrero de 2003, se hizo entrega definitiva del Servicio Registral (ley 17.050), trasladando así a la Provincia todos los servicios Registrales que estaban a cargo de la Delegación Río Grande, que hasta entonces dependían de este Organismo.
Que en consecuencia, y a fin de proseguir con el sistema de información antes mencionado, se ha recibido conformidad de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para continuar con el sistema mediante los ajustes y nuevas condiciones que se requieren, sin perjuicio de los demás acuerdos que sobre todo el servicio registral se celebren con posterioridad.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la ley:
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
DISPONE:
ARTICULO -1º.- A partir del 20 de agosto de 2003 continúese con la prestación de los servicios registrales conforme el sistema implementado mediante disposición Técnico Registral Nº3/98.
ARTICULO -2º.- Las solicitudes de informes referidos a inmuebles y a personas se recibirán en los formularios en uso. Los pedidos que presentados en este Registro deban ser informados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur deberán abonar el importe previsto en la jurisdicción Provincial indicada, más el gasto de franqueo del caso, los que serán oblados en la sucursal Capital Federal del Banco Provincia de Tierra del Fuego. Asimismo aquellos que presentados en el Registro provincial mencionado deban ser informados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal abonarán las tasas previstas por el régimen financiero de la Ley 17.050 para esos servicios, más el gasto de franqueo del caso, los que serán abonados en la Banca Nazionale del Lavoro, sucursal Ushuaia o Río Grande, a nombre del Registro de la Propiedad Inmueble Ley 17.050, sin perjuicio de los acuerdos que en el futuro se celebren entre ambos Organismos sobre los diferentes servicios registrales en aplicación.
ARTICULO -3º.-A las solicitudes se les dará ingreso según el ordenamiento del libro diario que emplea el Registro receptor y se expedirán al momento en que el despacho del Registro emisor sea puesto a disposición del peticionante en el Área que se destina al efecto en el Registro receptor. El Registro emisor será el responsable de lo publicitado en el informe requerido al Registro receptor.
ARTICULO -4º.-Hágase saber a los
Departamentos respectivos, envíese copia de la presente al Sr.
Director del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Tierra
del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Comuníquese
a la Superioridad y a los distintos Colegios Profesionales y Publíquese
en el Boletín Oficial. Cumplido archívese.
RdE/AnS
nsr
VISTO:
los casos de transferencia del dominio afectado por “cláusula de inembargabilidad”
provenientes del Decreto Ley 13.128/57 y de la Ley 22.232, y
CONSIDERANDO:
Que en razón del criterio adoptado por el artículo 2° de la Resolución del Banco Hipotecario Nacional de fecha 31 de julio de 1987, que señaló que debe considerarse la subsistencia de la “cláusula de inembargabilidad” no obstante la cancelación de la hipoteca mientras el dominio permanezca en cabeza del beneficiario del préstamo garantizado, se adoptó dicha interpretación respecto de esos asientos.
Que consecuentemente con la Resolución citada la Disposición Técnico Registral N° 1 del 24 de mayo de 1989 prevé la subsistencia de las “cláusulas de inembargabilidad” registradas, en los supuestos de cancelaciones de hipotecas constituidas a favor de dicha Institución.
Que resulta diferente la situación en donde el titular de dominio habiendo cancelado la hipoteca que dio lugar a dicha cláusula accesoria, en forma contemporánea o posterior a esa cancelación, dispone a favor de un tercero la transferencia del derecho pleno y total por lo que fenece respecto de ese bien el beneficio (Personal- familiar) de la inembargabilidad.
Por ello en uso de las facultades que le acuerda la ley:
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
DE LA CAPITAL FEDERAL
DISPONE:
Artículo 1° - En los supuestos de transmisión de dominio en que existiendo hipoteca con beneficio de inembargabilidad —Decreto Ley 13.128 y Ley 22.232—, en los cuales simultáneamente se hubiere cancelado el gravamen hipotecario (subsistiendo la cláusula únicamente), se: entenderá que el acto de disposición de dominio significa la renuncia (tácita) del beneficio de inembargabilidad y en consecuencia, tratándose la misma de un derecho renunciable, no será causa de oponibilidad la vigencia de la citada cláusula.
Artículo 2° - Hágase saber a los Departamentos respectivos. Comuníquese a la Superioridad y a los distintos Colegios Profesionales.
Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. -
Alberto F. Ruiz de Erenchun.
VISTO: el Expediente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nº 138141/03; y
CONSIDERANDO:
Que durante la XXXIX REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, celebrada en la ciudad de Trelew durante el mes de noviembre de 2002; se declaro la conveniencia de implementar un Sistema Federal de Registros Personales;
Que en este marco y por ser los Registros de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal los más cercanos al gran usuario y los de mayor volumen de carga de trabajo, se resolvió llevar a cabo la primera experiencia, y para ello además firmar el “Convenio de Información Interjurisdiccional sobre Inhibiciones”, en el cual se han vertido los aspectos jurídicos y técnicos que dan consistencia al servicio;
Que dicho Convenio mereció aprobación del Superior en las actuaciones indicadas (Expte. MJSyDDHH Nº 138141/03), según Resolución S.P.J. y A.L. Nº 031 de fecha 5 de agosto de 2003 que ha tenido ejecución con la firma del Convenio de Información Interjurisdiccional, el día 5 de diciembre de 2003;
Que por lo tanto se han cumplido en su totalidad las labores previas consistentes en pruebas entre ambas jurisdicciones, por lo que es factible la puesta en vigencia del Convenio aludido;
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la ley:
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
DISPONE:
ARTICULO -1º.- A partir del día 15 de diciembre de 2003, póngase en vigencia el servicio de informes de inhibiciones, mediante el sistema de “ Convenio Interjurisdiccional” entre los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. La solicitud por inhibiciones registradas en la Provincia de Buenos Aires se efectuará en formulario separado y a este fin se utilizarán en una primera etapa los formularios en uso ( Nº 2) para los pedidos de informes sobre el Registro de Inhibiciones. Al ingresar en el sector Presentación y Salida de Documentos, se insertará el sello “ Convenio Interjurisdiccional”.- Los demás requisitos de la solicitud actualmente en vigencia, se aplicarán hasta tanto se establezca un formulario único de solicitud de Inhibiciones para todo el país.-
ARTICULO -2º.- Las contribuciones que correspondan oblar por el servicio a brindar, se regirán por las normas en vigor. Toda modificación se ajustará a la normativa aplicable en esos casos-
ARTICULO -3º.-Notifíquese al Señor
Secretario de Política Judicial y Asuntos Legislativos, al Departamento
Sistematización de Datos y Anotaciones Personales y al Departamento
Técnico Jurídico y Administrativo.- Notifíquese
a los Colegios Profesionales y al Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Buenos Aires a los efectos dispuestos. Publíquese
en el Boletín Oficial Regístrese. Cúmplase. Archívese.
RdE/Rcl